La Organización Mundial para la Salud, en el Informe mundial sobre la violencia y la salud, en el 2000, define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

La violencia sexual se ejerce de diferentes formas, no solamente mediante el uso de la fuerza física; en algunas ocasiones es utilizada la intimidación sicológica, la extorsión o amenaza de daño físico y el hostigamiento laboral, entre otras. También es un acto de violencia sexual cuando la persona agredida no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, por que está en alto estado de embriaguez, porque se encuentra bajo los efectos de alguna clase de estupefaciente, está dormida, o es mentalmente incapaz de comprender la situación que está viviendo.

En la mayoría de casos, la violencia sexual es ejercida por una persona cercana a la víctima, en algunos casos la violencia se presenta en el matrimonio o unión de pareja, cuando se es obligado a mantener relaciones sexuales o cualquier otro tipo de agresión sexual; en estos casos, es menos probable que la víctima denuncie debido a la relación que tiene con su agresor.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2009, se realizaron en Colombia 21.288 informes periciales sexológicos de presunto delito sexual, 410 más que el año inmediatamente anterior; de estos 17.935 fueron practicados a mujeres lo cual equivale al 84.25% y sólo el 15.75% fueron realizados a hombres. En el caso de las mujeres las edades entre las cuales se atendieron a más víctimas de agresión sexual se encuentran entre los 5 y los 17 años de edad; y en el 50.06% de los casos el agresor es la pareja, un familiar o amigo cercano y en el 23,86% de los casos es una persona conocida.

Aunque el aumento en los dictámenes periciales es claro de un año al otro, esto también podría obedecer a un aumento en el número de casos denunciados, aunque según el Instituto Nacional de Medicina Legal, los de datos violencia sexual siguen siendo ocultos y subregistrados, porque en la mayoría de los casos las víctimas prefieren guardar silencio por temor a las represalias del agresor o agresores, por vergüenza, por temor a que no se les crea, se les culpe de la agresión o ser expuestas a procedimientos que las sometan a situaciones igual o más humillantes, que la misma agresión.

Entre las consecuencias sicológicas de la agresión sexual se incluyen el suicidio, el síndrome de estrés postraumático y en el caso de las víctimas menores de edad, la adopción de conductas de alto riesgo como tener múltiples parejas sexuales y el consumo de sustancias psicoactivas. Y a nivel físico se consideran consecuencias como el contagio de enfermedades de enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, lesiones autoinfligidas y embarazos no deseados.

En este último caso, en Colombia a partir del año 2006 con la sentencia C-355 de la Corte Constitucional despenalizó el aborto en el caso de que el embarazo sea resultado de acceso carnal, o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas; esto por considerar que en este caso se atentaba contra ciertos derechos fundamentales de la mujer embarazada, como su dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.

La Fundación Orientame viene desarrollando estrategias de prevención y detección de la violencia sexual en diferentes zonas de la ciudad, en donde hace presencia a través de su programa de desarrollo social. Además brinda a apoyo integral a las mujeres víctimas de esta situación.